El derecho a recibir cuidados de larga duración: asignatura pendiente en todas las comunidades

Los CLD son, según la Organización Mundial de la Salud, el sistema de acciones llevadas a cabo por cuidadores no formales (familia, amigos o vecinos) o profesionales (sanitarios, sociales u otros), o ambos, para conseguir que una persona que no pueda realizar las actividades básicas de la vida diaria de manera independiente mantenga la mejor calidad de vida posible, de acuerdo con sus preferencias individuales y con el mayor grado posible de autonomía, participación, realización personal y dignidad humana. El respeto a los derechos humanos debe estar siempre presente (Pinazo-Hernandis et al, 2021).
En este contexto, se observa que en la Estrategia Europea de Cuidados para cuidadores y receptores de cuidados (Comisión Europea, 2022) instó a los Estados miembros a que garantizasen que los CLD sean oportunos, globales y asequibles, permitiendo un nivel de vida digno a las personas con necesidad de cuidados, preferiblemente en su domicilio, y a que desde las Administraciones públicas se apoye a los cuidadores formales e informales, que a menudo son mujeres y familiares de los receptores de cuidados, a través de la formación, el asesoramiento y el apoyo psicológico y financiero.
Como consecuencia de dicha Estrategia Europea de Cuidados, el Gobierno de España (2022) propuso la “Hoja de ruta de la Estrategia Estatal de Cuidados”, donde se establece el objetivo de garantizar el derecho a cuidar en condiciones de igualdad, desarrollando las medidas necesarias para eliminar la brecha de género y asegurar la distribución equitativa y la corresponsabilidad.
Este artículo reflexiona sobre los datos de dependencia que ofrecen en 2024 el Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y gerentes de Servicios Sociales y el informe mensual del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del IMSERSO.
El 3,6% de la población española necesita apoyos y cuidados para desarrollar las actividades de la vida diaria, de ellas el 73.78% son mayores de 65 año y el 63% son mujeres. Estos apoyos y cuidados recaen mayoritariamente en familiares y especialmente en mujeres. El 73.2% de las personas cuidadoras son mujeres.
Son las Comunidades Autónomas quienes tienen las competencias para el desarrollo del SAAD. Según el Informe del Observatorio antes mencionado, en el segundo año del plan de choque establecido por el Gobierno de España y con los datos certificados por las CC.AA., han sido 9 Comunidades las que, no solo no han aumentado, sino que han disminuido en 2022 respecto a 2021 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia –datos que aparecen en millones de euros–: Cataluña (-57,3), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (- 15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1).
El SAAD no está respondiendo de manera adecuada a las necesidades de las personas en situación de dependencia, ni a sus familiares cuidadores, ni se cumplen los requisitos de atención integral y centrada en las personas.
Sin duda, todo lo que tiene que ver con los CLD (accesibles, asequibles y de calidad) a los que aspiramos precisa de un gran impulso financiero al sistema para que España se homologue en este gasto social a los países de su entorno europeo (actualmente no llegamos al 1% del PIB cuando la media supera el 2%). También es necesario que se mejore el sistema de gobernanza entre Administraciones públicas y el compromiso de todas ellas en que se invierta en Servicios Sociales tanto los importes que aporta la Administración General del Estado, como los adicionales que están obligados a suministrar las CC.AA. con la colaboración de las Entidades Locales.
Finalmente, se considera preciso que se refuerce la garantía del derecho a recibir prestaciones para promover autonomía y dependencia (Rodríguez Rodríguez y Pinazo-Hernandis, 2023) para lo que sería necesario, entre otras medidas, una reforma de la LAPAD.